Estado peruano sigue cediendo a las presiones de Doe Run
Pese a la contaminación ambiental que generan sus operaciones en La Oroya.
Miércoles, 01 de febrero del 2012
Foto: elarsenal
Ante el inminente reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), administrado por la empresa Doe Run Perú, y sin que se presenten elementos que muestren la intención de dar una solución integral al problema de contaminación ambiental que aqueja a esta ciudad, nos dirigimos a la opinión pública para señalar que:
Durante años, se ha sido demostrado el impacto negativo de las actividades del CMLO sobre la calidad de vida de La Oroya y del valle del Mantaro, sin que el Estado haga nada para remediarlo y corregirlo.
En las últimas decisiones adoptadas por el Estado se estaría privilegiando, una vez más, el interés económico y especulativo privado frente al derecho a la salud y a los derechos ambientales y sociales de la población local, pasando por alto lo establecido en la normatividad vigente y en nuestra propia Constitución Política.
Consideramos que la defensa del principio de autoridad del Estado y la necesidad de proteger los derechos a la salud y al medio ambiente sano de una población no debe oponerse a la búsqueda de una salida digna y viable para el re-inicio de las operaciones del complejo metalúrgico.
La situación actual es el resultado de una errada gestión de los diferentes gobiernos nacionales que han realizado una deficiente fiscalización, evitando sanciones ejemplares. Tal como lo hace también el gobierno actual al limitar su capacidad para ejercer adecuadamente sus funciones ambientales y sociales.
Una reapertura sin haber terminado el principal proyecto del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA tendría numerosos impactos negativos a corto y largo plazo en la salud de la población de La Oroya y de manera especial en la vida de los niños y mujeres; así como, en la calidad y cantidad de los recursos naturales del área de influencia del complejo metalúrgico.
Por lo expuesto:
Invocamos a nuestras autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República para que protejan la salud de nuestros compatriotas de la Oroya, preserven su medio ambiente y se respeten los derechos laborales de los trabajadores.
Solicitamos que el Estado, en su condición de principal acreedor, asuma junto con DRP el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo ambiental - PAMA antes del reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Del mismo modo es necesario que se establezcan las condiciones necesarias para que se minimicen significativamente los impactos que producen.
Invocamos a la empresa y al Estado a iniciar un programa serio de remediación de los suelos contaminados que permita asegurar una mejor calidad ambiental para los pobladores de La Oroya.
Ceder a una nueva ampliación del plazo de cumplimiento del PAMA y permitir que el complejo opere en las mismas condiciones sería un pésimo precedente y una mala señal para las empresas que sí son responsables con sus compromisos.
Así mismo, exigimos el cumplimiento de una adecuada fiscalización y control de los compromisos económicos, financieros y ambientales que la empresa tiene pendiente. Es necesario que la opinión pública conozca la situación económica financiera de la empresa, las deudas que tienen con el Estado y las demás obligaciones.
Finalmente, exigimos una mayor transparencia y firmeza en cuanto al manejo de la demanda de arbitraje de Renco Group ante la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI; que el Estado peruano, mantenga una posición clara orientada a evitar y contrarrestar las agresivas prácticas corporativas de la empresa, cuya indemnización irónicamente la tendríamos que pagar todos los peruanos (800 millones de dólares y más).
