AGUA Y ORO UNA SALIDA FACIL

“Agua y oro”: Una salida fácil

Luego de una semana marcada por diversas protestas frente a la actividad minera en el país, el Presidente Humala ha dado a conocer su posición que resumió como “agua y oro”. Una salida fácil con la que muestra una postura favorable a la minería y que advierte, al mismo tiempo, que ésta debe realizarse de modo tal que no se afecten los recursos como el agua. Para ello, se requerirá de una institucionalidad que aún no existe.

Sus declaraciones, dejan abierta una serie de preguntas: en el caso del conflicto Conga en Cajamarca, por ejemplo, nos preguntamos si el EIA es suficiente para definir su viabilidad, ¿qué instancia dará la opinión definitiva y en base a qué criterios? De otro lado, para garantizar una actividad minera que no afecte las fuentes de agua y otros recursos, hace falta una verdadera reforma en las políticas mineras, ambientales y de gestión territorial en el país. Para que “Agua y oro” sean posibles, sería necesario pensar tanto en reformas del diseño institucional del Estado como en replantear los términos de la relación entre sociedad, Estado y minería.

El Presidente ha señalado algunas propuestas generales. Por ejemplo que es necesario mejorar la distribución del canon minero y que los fondos sociales cuenten con mayores recursos -para lo cual el gobierno aportará un monto similar al que pongan las empresas-. Asimismo, que los gobiernos regionales y locales contarán con mayor seguimiento y apoyo para ejecutar sus inversiones. Propuestas que tienen sentido y que se vienen discutiendo desde tiempo atrás. Ha señalado, también, que la PCM tendría una instancia dedicada a la supervisión y fiscalización del cumplimiento de los EIA, punto que nos plantea algunas dudas.

En Noticias SER consideramos que se debe a fortalecer la débil institucionalidad existente, sobre todo en materia de gestión ambiental, pero también, para la prevención y gestión de los conflictos vinculados a la minería. Ello requiere ordenar las funciones y responsabilidades de las entidades con competencias sobre el sector; establecer mecanismos de coordinación entre instancias sectoriales y entre niveles de gobierno. Igualmente, de una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (OT), antes de desarrollar una megaconsulta que nadie sabe aún en qué consiste. Por último una adecuada política de información hacia la población.

En este panorama, la propuesta presidencial de crear una nueva instancia en la PCM no necesariamente será una salida. Cabe preguntarse, por tanto: ¿Qué sentido tiene que la OEFA, la ANA y la Oficina a cargo de la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio de Energía se fusionen en un organismo dentro de la PCM? Además, no debemos olvidar que el problema con los EIA no es sólo un asunto de fiscalización, sino que se remonta a su elaboración y su aprobación.

Las reformas en el sector minero son urgentes y necesarias. Pero el gobierno debe presentar propuestas que apunten al largo plazo, y no sólo respuestas apuradas a la primera ola de conflictos que ha tenido que afrontar. Éstas deben ser más consistentes, si se quiere generar confianza en quienes demandan del gobierno nacional una posición más firme, que respete no sólo los contratos firmados con las empresas mineras, sino los derechos de una población que reclama el respeto a sus derechos.