jueves, 17 de noviembre de 2011

Apurimac Abdahuaylas Congresista Jhon Reynaga seria uno de los promotores tambien esposa del presidente regional con los mineros...

El Incendio del Agua

El pasado jueves 10, en Andahuaylas, la batalla campal entre la PNP y los manifestantes se saldó con 45 heridos.
Estallido de violencia en Andahuaylas enfrenta proyectos mineros con el uso del preciado recurso hídrico. Notas de inteligencia señalan al congresista oficialista Jhon Reynaga como promotor de las protestas.
El sobrevuelo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú sobre el cielo de la ciudad de Andahuaylas confirmaba la retirada de los ministros de Agricultura, Miguel Caillaux, y el de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, antes de lograr un acuerdo que pusiera fin al levantamiento antiminero. Se iniciaba una batalla campal. Barricadas, piedras y palos contra bombas lacrimógenas y balas de goma. El saldo: 45 heridos, 16 de ellos policías y la Gerencia Subregional de Desarrollo Chanka hecha cenizas.
Ollanta Humala tiene un bumerán en los conflictos sociales. Desde Honolulu, en el foro APEC, garantizaba el total respeto a los contratos mineros. En Lima, el premier Salomón Lerner reforzaba el mensaje. “Humala nunca fue antiminero”, aseguraba. “Los violentistas se movilizan de un lugar a otro tratando de llevar sus consignas”.

Apenas en abril último el candidato Humala se preguntaba en un mitin en Cajamarca: “¿qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro. Que no venga la minera a agarrar colchones acuíferos”.
Y es que los conflictos que reverdecen en las primeras planas son regados por apreciadísima agua.
“El gobierno de Humala está atrapado en una contradicción”, explica el analista Carlos Monge. “Con una mano aprueba la consulta previa, anuncia un reordenamiento territorial y altas exigencias en los estudios de impacto ambiental, pero con la otra garantiza el 100% de los proyectos extractivos heredados, entre los que se encuentran Conga, Tía María y Río Blanco. Algo que sería imposible si aplica las premisas anteriores”.
TOCATA Y FUGA EN ANDAHUAYLAS
Desde 2007, el 53% del territorio de Andahuaylas ha sido concesionado para actividades mineras. Paralelamente, la minería informal de cobre comienza a hacer estragos en los distritos de Pacucha, Huancabamba, Chiara y Kishuana, según informa la Defensoría del Pueblo. Plantas sin licencia como la de Minera Carmela, en Tocctopata, procesan ilegalmente el mineral utilizando elementos químicos altamente contaminantes mientras otras, como la de Huaraccopata, lo hacen con el visto bueno de la Dirección Regional de Energía y Minas.
Ante esta realidad, la Junta de Regantes de Andahuaylas (JUDRA) peregrinó sin resultado durante 48 días pidiendo audiencia a las autoridades regionales, los ministerios involucrados y los congresistas por Apurímac para mostrar su preocupación por la contaminación de reservas acuíferas. El 2 de noviembre iniciaron un paro provincial en el que participaron 18 mil campesinos y que obligó a la comisión del Ejecutivo a negociar con la pradera incendiada.

Finalmente, el acuerdo sería firmado por los funcionarios que quedaron en tierra luego de la marcha intempestiva de los ministros, quienes se comprometieron, según el documento, “a llevar la propuesta de excluir en el futuro de actividad minera en las provincias de Andahuaylas y Chincheros”, mientras que la Junta de Regantes da un plazo de 15 días para que se declare a ambas provincias libres de minería a través de un decreto supremo.
Fuentes periodísticas locales y versiones policiales descartan por el momento la mano oscura del narcotráfico y del etnocacerismo en las protestas, a pesar de ser el escenario del levantamiento de Antauro Humala en 2005. En cambio, notas de inteligencia a las que ha accedido CARETAS señalan al congresista John Reynaga, de Gana Perú, como uno de los promotores de las protestas, y acusan al presidente regional de Apurímac, Elías Segovia, de no prestar el suficiente apoyo a la Policía. Esta última acusación entronca con las declaraciones de Javier Diez Canseco, que relaciona a la esposa de Segovia con la minería artesanal en la región.
CONGA EN GUERRA
Los conflictos sociales no han dado luna de miel al gobierno. La Defensoría del Pueblo contabilizó en octubre 217 conflictos, un 57% por causas socioambientales. Además, según recoge un informe de la Red Muqui, en lo que va de año ya son 31 los conflictos relacionados con el agua, de los cuales 18 se encuentran en cabeceras de cuenca.
Aunque el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos reconoce como “zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca” y da la potestad a la Autoridad Nacional del Agua para declararlas intangibles, en la práctica, según explica el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (Iproga), todas las concesiones mineras se otorgan sin estudios hidrogeológicos amplios.
Conga, que con US$ 4,800 millones se convierte en la mayor inversión minera del país, es un perfecto ejemplo de las limitaciones de aplicación de la ley. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto que vaciará 4 lagunas naturales situadas en tres distritos de las provincias de Celendín y Cajamarca y trasvasará sus aguas a 4 pantanos construidos en quebradas naturales fue aprobado sin un estudio hidrogeológico actualizado. Así lo refleja la resolución directoral 351/2010 del Ministerio de Energía y Minas, que da a Yanacocha un plazo que vence en marzo de 2013 para completar los estudios sobre el comportamiento de aguas subterráneas.

El ministro del Ambiente Ricardo Giesecke señala que en casos como los de las lagunas a ser trasvasadas se habla de “reservorios con 20 mil años de antigüedad, que nadie ha tenido que mantener: el agua no se pudre, no se llena de sólidos. Se filtra”. Esto es, ecosistemas en total equilibrio. En cambio el asunto es otro cuando se habla de reservorios artificiales. “Gallito Ciego está lleno de técnicos e ingenieros pero igual está colmatado”, aclara.
Caillaux replica que “las lagunas que se han propuesto crear son artificiales pero lagunas al fin y al cabo. No van a ser hechas con geomembranas sino sobre suelo crudo, lo que implica que se van a generar infiltraciones. Además se ofrece más del doble del agua”. Reconoce, no obstante, la belleza natural de las lagunas y el problema ambiental que implicaría perderlas.
La Plataforma Institucional Celendina, presidida por Milton Sánchez, denuncia que el EIA fue aprobado aceleradamente en 2010 con la firma del entonces Director General de Asuntos Ambientales Mineros, Felipe Ramírez del Pino, quien también fue gerente de Yanacocha de enero de 2006 a febrero 2009.
Fuentes de Yanacocha, propiedad de la minera más grande del mundo, la Newmont Mining Corporation, explicaron a CARETAS que hasta 2009 realizaron 4 estudios hidrogeológicos que demostrarían que en la zona no hay acuíferos subterráneos y que solo queda actualizar estos estudios con información reciente. El cura Marco Arana responde por su parte que una laguna “es un ecosistema” y no “un balde que se pueda traspasar de un lugar a otro”.
Frente a esta situación, congresistas como Modesto Julca, de Alianza Parlamentaria, piden promulgar una ley de intangibilidad de cuencas y un “canon hídrico” en un escenario de crecimiento de conflictos relacionados con el calentamiento global.
Para la Defensoría del Pueblo y las organizaciones ambientalistas, urge un cambio de receta en el manejo de conflictos, que tiene en la aplicación de la consulta previa un ingrediente clave. Desde que se promulgó, esta ley permanece en espera de un reglamento que sea consensuado con las organizaciones indígenas del país. Según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, en enero el reglamento estaría listo para ser discutido, pero según Edwin González, Secretario Ejecutivo de Red Muqui, existirían fuertes presiones de sectores empresariales para que el reglamento “no responda al espíritu de la ley”.

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